Teatro Auditorio de Mar del Plata presenta “El zoo que no
se ve” ballet infantil producido por Jorge De
La producción independiente del músico y reggiseur de
El espectáculo contará con diez bailarines en escena, que interpretaran la vida de los animales que habitan en el zoo. Se mezclaran el sentimiento del amor, la diversión y las fuertes ganas de abandonar sus jaulas durante las noches. Toda esta aventura estará acompañada por la música de Walter Sabatini, y una orquesta en escena. Los personajes cantarán y bailarán canciones originales con ritmos latinoamericanos y algunas obras clásicas.
Con la coreografía de Paula Argüelles, bailarina del
Ballet Estable del Teatro Colón y Jorge de
De
CONCESIONES VIALES AUTOVIA NRO. 2 Y RUTA INTERBALNEARIA
NRO. 11
Inaceptable déficit institucional enla Provincia de Buenos
Aires
El peaje con
cabinas de cobro en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos implementado
en la
Provincia de Buenos Aires, como así también en las rutas
Nacionales y en otras Provincias como Santa Fe, Córdoba y San Luis, representa
un claro ejemplo de un déficit institucional que afecta el funcionamiento de
nuestro País como República. Se traduce en un perjuicio económico de
proporciones, no sólo para los usuarios viales, sino para toda la sociedad en su
conjunto, y que por lo tanto se hace imprescindible
solucionar.
El tema se refiere, entre
otros problemas e graves irregularidades, a las tarifas de peaje aprobadas por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para ser cobradas por los
Concesionarios a los usuarios de la infraestructura concesionada. Según
la Ley Nro. 9.254 , talestarifas no deben
superar el valor económico del servicio ofrecido, lo que en el
lenguaje común, está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en
razón de las obras de mejora que el Concesionario está obligado a efectuar sobre
la infraestructura, en razón de la concesión.
El cobro de la
tarifa de peaje es una contraprestación por un ahorro real que recibe el
usuario, y nunca la tarifa lo debe superar. Este ahorro se puede medir, y para
ello existen metodologías aceptadas al respecto, todo lo cual significa un
conocimiento técnico disponible a través de profesionales especializados en
ingeniería económica de transporte.
Conviene tener en
claro la importancia de este tema tarifario. Si la tarifa de peaje no cumple con
la
Ley vigente, ni
con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte, tal cual ocurre desde la implementación
de este régimen perverso de “falso peaje” en la
Provincia de Buenos Aires, no sólo
no hay ningún ahorro excedente para el usuario, sino que no se puede bajar el
costo de transporte, y ésta es justamente la función económica fundamental de la
obra de mejora vial encargada al Concesionario. Uno de las principales funciones
del camino es generar riquezas o beneficios económicos para toda la sociedad en
su conjunto, fundamentalmente a través de la baja en el costo de
transporte.
La disminución del
costo de transporte mediante la mejora permanente de la infraestructura
correspondiente, es objetivo irrenunciable de los Países por
la
importancia que tal
disminución tiene en la promoción económica
regional.
Lo que sucede en
la
Provincia
de Buenos Aires, es que distintas Entidades de usuarios (del argo, industria,
comercio, transportistas de cargas y pasajeros, profesionales, vecinos, entre
otros), apoyadas por expertos en el tema, sostienen con razón que las tarifas
aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial son I L E G A L E S,
ya que son
superiores a los ahorros, y en consecuencia no cumplen con la
Ley de peaje vigente ni con las
reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; por lo tanto no hay
ahorros excedentes, no hay disminución del costo de transporte (todo lo
contrario, hay incremento), y no hay promoción económica
regional.
En las condiciones
actuales, hay pérdida económica y las tarifas deben ser corregidas, para
revertir la situación.
El CONADUV, en
reiteradas oportunidades, ha solicitado a los respectivos funcionarios de
la
Provincia
los estudios técnicos que
fundamenten las tarifas de peaje que se están cobrando desde el inicio de las
concesiones, y nunca hubo respuesta a tal requerimiento. Inclusive, el ex
Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Dr. Eduardo Sícaro,
reconoció públicamente en una nota del diario La
Nación , que no se habían realizado los
estudios técnicos de fundamentación de tarifas de peaje. Asimismo, esto problema fue notificado a la Fiscalía de Estado de
la
Provincia
de Buenos Aires, que es la que debe defender los derechos de los bonaerenses,
sin respuesta favorable alguna.
La prueba del hecho
observado en la realidad del mercado de transporte, es que al implementarse este
falso peaje o impuesto al tránsito, los fletes de cargas por camión aumentaron , en
lugar de haber disminuido si las tarifas hubieran cumplido con lo que marcan las
leyes de peaje vigentes. Un ejemplo muy claro de nuestra afirmación en cuanto a
que el peaje actúa como un nuevo costo o un impuesto al tránsito, es que por
Disposición 949/91 de
la Provincia
de Buenos Aires, se autoriza a trasladar el costo de
la tarifa de peaje al transporte público de pasajeros, reconociendo las misma
autoridades provinciales que el peaje es un costo y no el pago de una
contraprestación real ofrecida. Otro ejemplo contundente es el descuento del
100 % de la tarifa en
las Rutas Nacionales que tienen los camiones inscriptos en el RUTA y los micros
de pasajeros, lo cual es una evidente desigualdad ante la
Ley y claramente discriminatorio, ya que
sólo pagan los vehículos livianos. Esto también afirma que el peaje es un nuevo
costo o un impuesto al tránsito, ya que si el sistema fuera tan beneficioso, no
debería haber privilegios para ciertos usuarios
viales.
Frente a éste
reclamo de los usuarios, el Poder Ejecutivo Provincial hace oídos sordos y no
toma las medidas necesarias para
corregir esta situación.
El Poder Ejecutivo
de la
Provincia de Buenos Aires y la Legislatura correspondiente, son
los que a través de Comisiones Especiales, deben actuar para resolver el
problema suscitado, con todas las facultades para asistirse mediante
especialistas y realizar aquellas audiencias que permitan conocer las posiciones
de todas las partes, y en definitiva proceder a arbitrar de manera de adoptar la
solución que basada en fundamentos técnicos, económicos y legales, pruebe ser la
que responde a satisfacer la necesidad y conveniencia públicas, es decir, de la
comunidad en su conjunto.
Para peor, no
existen Entes Reguladores, que contemplen la participación activa, con voz y
voto de los usuarios viales. Justamente el tema tarifas es manejado directamente
por parte del Poder Concedente.
Esto es precisamente el
déficit institucional inaceptable a que hacemos referencia, y al que nos referimos en un
principio. El Poder Ejecutivo Bonaerense y la Legislatura correspondiente no
actúan como árbitro eficiente en los términos mencionados y cuando la
importancia de los reclamos así lo justifique. La consecuencia es que las
situaciones planteadas subsisten en el tiempo, y no existe ninguna garantía
institucional de diagnóstico cierto de errores y menos de gestión práctica que
corrija los mismos.
La respectiva
Legislatura provincial, constitucionalmente tiene a su cargo dentro del poder
republicano, la tarea de control de los actos del Ejecutivo, y más aún, cuando
por ejemplo, existen Comisiones de Obras Públicas, de Transporte, de Defensa de
Usuarios y Consumidores, con el objeto de asegurar que se respete el interés
general. El reclamo de los usuarios sobre la I L E
G A L I D A Dde las tarifas de peaje y sus perjuicios, cae en su
jurisdicción.
Cabe señalar que
lamentablemente, tanto a nivel Nacional como en otras Provincias, este régimen
nefasto de falso peaje es también aplicado, cobrando tarifas que carecen de toda
lógica desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte,
ocasionando más perjuicios económicos a toda la
comunidad.
Es por ello, que
desde el CONADUV se viene exhortando a terminar con este sistema inédito en el
mundo de peaje para mantenimiento, e implementar un verdadero Proyecto Vial
Nacional que contemple toda la red caminera del País, eliminado las cabinas de
peaje existentes, y reasignando los fondos que se recaudan de la Tasa al
Gas-oil que suman más de $ 2.000 millones anuales, y que fue creada para
eliminar las cabinas de peaje y hacer obras de infraestructura. Lamentablemente dichos
fondos son destinados a otros fines en concepto de subsidios y compensaciones
para favorecer grupos de poder. Asimismo, se cuenta con más de $ 9.000 millones
anuales de Impuesto a los Combustibles, de los cuales sólo entre 5 y 7 % son
destinados a las vialidades provinciales. Por otra parte, los millones de pesos
que el Estado Nacional recauda vía retenciones agropecuarias, tampoco se
reflejan en obras. El peaje con cabinas de cobro en ruta tal cual está
implementado en nuestros caminos es antieconómico por la baja densidad de
tránsito existente que hace que no llegue plata de la recaudación a la ruta y se
gaste principalmente en la instalación y mantenimiento de las cabinas de peaje.
Por otra parte es claramente inconstitucional ya que no existen caminos
alternativos libres de pago, e ilegal ya que las tarifas no cumplen con las
leyes de peaje vigentes a nivel Nacional como
Provincial.
En definitiva,
parece ser que sólo falta coraje, decisión
y voluntad política para defender el interés general, y asumir las tareas
que demandan la solución del déficit que menciona esta
nota.
Lic. Ricardo Lasca – Frente Agropecuario Nacional
(FAN)
Coordinador del Comité Nacional
de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)
(011)
15-4435-9162
Bs. As. 07-04-08